¿Se tragará Bruselas el plan de recuperación de Sánchez?

Qué poco dura la alegría en casa del pobre. La borrachera de la arrolladora victoria de Díaz Ayuso en Madrid ha dado paso en menos que canta un gallo a la dura resaca del plan enviado por Pedro Sánchez a Bruselas para que nos den los fondos europeos. Un plan ocultado hasta el día después de los comicios para no perjudicar a Gabilondo -pues menos mal, si lo llegan a anunciar antes, el PSOE pasa a ser extraparlamentario-, en otra escandalosa actuación más del Gobierno. Y que está repleto de subidas de impuestos, bajadas de pensiones (ojo, que de esto no se habla) y peajes hasta en el pasillo de nuestra casa. La gran pregunta es si la UE va a admitir un plan que hace lo contrario de lo que nos ha pedido, y más en el escenario de inestabilidad política que abren las elecciones madrileñas.

Bruselas nos ha pedido básicamente tres cosas ha cambio de 72.000 millones (la cifra ha cambiado varias veces) de ayudas europeas a fondo perdido: volver a la senda de equilibrio presupuestario, empezar a hacer algo para evitar que el sistema de pensiones salte por los aires y meter mano al mercado laboral para dejar de ser el país con más paro de Europa, en especial juvenil.

El Gobierno ha contestado a estas demandas con un «ya si eso lo vamos viendo» como ya filtró en su día a su periódico de cabecera: España se planta ante Bruselas en las reformas fiscal, laboral y de pensiones, titulaba, como si usted se plantara ante el banco en las cuotas de la hipoteca. En general, es un conjunto de vaguedades que se remiten a grupos de expertos, diálogo social o Pacto de Toledo y que deja las medidas más importantes para 2023; o sea, muy probablemente después de las próximas generales que Sánchez adelantará, como casi todo el mundo espera, antes de tener que sufrir el desgaste que suponen estas reformas impopulares.

Hay algo en lo que el documento de marras, que recibe el pomposo (y hortera) nombre de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sí es más concreto: las subidas de impuestos. Volver al equilibrio presupuestario -algo en lo que Luis de Guindos ha insistido esta semana- se puede hacer subiendo impuestos, bajando el gasto o incentivando el crecimiento económico para elevar la recaudación. Como no podía ser de otra manera, nuestro Gobierno opta sólo por lo primero, pese a que hasta el pobre Gabilondo dijo que no es el momento de hacerlo cuando intentamos salir de la mayor recesión desde la Guerra Civil.

El hachazo fiscal, por supuesto, nos afectará a todos y no sólo a «los ricos», porque con ellos se recauda muy poco y, además, se escapan a otros países. Incluye un goteo de nuevos tributos y alzas de los existentes: plásticos, gases fluorados (frigoríficos y aires acondicionados), hidrocarburos (la famosa tasa diésel, que vuelve después de haber sido descartada), armonización (subida) de Patrimonio, elevación del tipo efectivo de Sociedades o supresión de la tributación conjunta en el IRPF; Nadia Calviño dijo que eso fue una errata, pero acto seguido insistió en que la declaración conjunta va contra la igualdad y que probablemente se la carguen.

Y queda el grueso de la reforma fiscal que debe plantear el famoso panel de expertos, que conllevará nuevas subidas de impuestos para todos, o será imposible reducir el déficit sin recortar el gasto pública, más allá de las menores prestaciones por desempleo cuando empiece a bajar el paro. Pero eliminar gasto innecesario ni se le pasa por la imaginación al Gobierno.

Pensiones: vuelve a meter el factor de Rajoy que se cargó en 2018

Lo de las pensiones, que son la principal causa del déficit estructural, tendría cierta gracia si no fuera algo tan importante. Pedro Sánchez va a recuperar el «factor de sostenibilidad» que había implantado Rajoy para moderar gasto anual en pensiones -que, recordemos, está en máximos históricos-,aunque lo aplazó el propio PP ante su impopularidad. Como las cosas caen por su propio peso, el Gobierno se ha dado cuenta de que es inviable subir las pensiones con el IPC con el modelo actual, porque ya estamos pagando pensiones con deuda pública: el Ejecutivo está endeudando a futuro a los nietos para pagar las pensiones actuales de sus abuelos, la solidaridad intergeneracional al revés.

Con este panorama, ahora pretende reintroducir el factor del PP rebautizado como «de equidad» que incluirá elementos como la esperanza de vida y la relación entre cotizantes y pensionistas, que está cayendo en picado (habrá menos cotizantes por la caída de la natalidad mientras se están jubilando las generaciones más numerosas que, además, cada vez viven más años). Es decir, este factor servirá para bajar las pensiones y el Gobierno pretende aprobarlo ya en 2022. Eso no implica que entre en vigor al año que viene, pero las prisas son sospechosas cuanto menos.

Del mercado laboral, el plan no dice casi nada y se remite al diálogo social. Pero sí enumera una serie de principios que van en contra de introducir una mayor flexibilidad como nos pide Bruselas. De hecho, esta parte se titula «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» y se centra en cosas como la brecha de género, los riders, el teletrabajo, más poder para los sindicatos, menor subcontratación, etc; nada inesperado con una ministra de Trabajo de Podemos. Lo único con chicha es que pretende penalizar la contratación temporal en vez de incentivar la indefinida (es más, quiere eliminar las actuales subvenciones). Y ya sabemos cómo acaba eso: más pagos en negro y más economía sumergida.

La Comisión Europea aprobará el plan por pena y por miedo

Con este panorama, lo normal sería que la Comisión Europea (CE) devolviera el plan a toriles y le exigiera a Sánchez que saque otro que embista de verdad los gravísimos problemas que tiene España. Los países del Norte están hartos de que España incumpla constantemente las recomendaciones europeas y en algunos de ellos va a costar mucho que sus parlamentos aprueben las ayudas.

Tristemente, la opinión generalizada es que al final lo van a aceptar por pena y por miedo: pena por lo mal que estamos, que hace necesarias las ayudas para evitar que nos hundamos en la miseria; y miedo a que, en cuanto el Banco Central Europeo (BCE) empiece a dejar de comprarnos deuda pública en 2022, se repita la crisis de la prima de riesgo de 2012 multiplicada por 10 y pase a ser una posibilidad muy real que nos tengamos que salir del euro. Somos too big to fail.

Y ahora, los resultados de Madrid -sin olvidar el previsible adelanto de las andaluzas- introducen un nuevo elemento de inestabilidad política. La amalgama de partidos que sostiene al Gobierno ‘Frankenstein’ puede diluirse como un azucarillo en cualquier momento. Un panorama que no tranquiliza nada a nuestros socios, que ven cómo España ha sustituido a Italia como principal riesgo para la estabilidad europea. ¿Hay algún Mario Draghi en la sala?